La falta de protección a sanitarios en la primera ola costará 2 millones a la Sanidad valenciana

La denuncia contra la consejería de Sanidad valenciana que dirige la socialista Ana Barceló de 153 sanitarios de Alicante por falta de elementos de protección durante la primera ola de la pandemia (marzo, abril y mayo de 2020) tendrá un coste en indemnizaciones estimado en más de 2 millones de euros por fuentes del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), sindicato al que pertenecen los denunciantes.

Un total próximo a los 1.000 sanitarios miembros del citado sindicato recurrieron a los tribunales en Alicante. Elche, Benidorm, Valencia y Castellón. Por tanto, interpusieron 5 denuncias en los juzgados de dichas localidades. Uno en cada una de ellas.  Se quejaban de la falta de elementos de protección en la primera ola de la pandemia. En concreto, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Según relatan, las condiciones eran muy precarias. Hasta el punto de tener que hacerse las mascarillas con servilletas y utilizar bolsas de basura para intentar evitar los contagios, entre otras vicisitudes.

Ahora, el Juzgado de Lo Social Número 5 de Alicante ha sido el primero en dictar sentencia, que en su parte dispositiva establece una tabla de indemnizaciones que determina las cuantías a percibir por los facultativos en función de las consecuencias que esa falta de elementos de protección tuvo en cada uno de los denunciantes. Así,  los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin los elementos de protección adecuados y que suscribieron la denuncia cobrarán 5.000 euros cada uno. Los que, además, fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados por covid, percibirán 15.000 euros. Aquellos que se contagiaron de covid pero no precisaron ingreso hospitalario cobrarán 35.000 euros y, finalmente, los contagiados por covid que sí precisaron ingreso percibirán 49.180 euros cada uno.

Según las primeras estimaciones realizadas por el sindicato, fundamentadas en una media en torno a los 15.000 euros entre los 153 denunciantes afectados por esta sentencia, la Consejería de sanidad tendrá que desembolsar una cantidad de casi 2,3 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones. Esta circunstancia, según fuentes próximas al caso, ha suscitado que la Consejería de Sanidad valenciana esté planteándose recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ). Sobre todo, a causa de dos cuestiones: una, que CESM está pendiente de ultimar la valoración de otros 40 profesionales denunciantes en Alicante para establecer a qué grupo de indemnización corresponden. Otra, que el número total de denunciantes con derecho a indemnización en caso de que los otros cuatro juzgados con procedimientos abiertos por esta misma causa se pronuncien en línea similar al de Alicante se elevaría en torno al millar, lo que multiplicaría exponencialmente la cuantía de las indemnizaciones y pondría en una situación muy precaria a la Consejería que dirige Ana Barceló.